La propuesta de reforma electoral motorizada por el oficialismo es un verdadero retroceso que representa un peligro para nuestra democracia ya que utiliza un sistema que abre peligrosamente la posibilidad de fraude y la violación al secreto del sufragio.
11-23-2016 | El Cronista - Lejos de ser un avance como plantean los defensores del proyecto, el uso de la tecnología en los sistemas de votación es criticado por los especialistas y ha sido abandonado por los países más desarrollados.
En Alemania, por ejemplo, se lo considera inconstitucional y entre los 20 países más avanzados del mundo en materia de seguridad informática, sólo Estados Unidos utiliza parcialmente alguna forma de voto electrónico (sistema que, es imperioso destacar, tuvo muchas fallas durante la última elección presidencial).
Es curioso que el PRO, que siempre dice tomar como referencia a los países más desarrollados, en este punto vaya claramente en contra de la tendencia mundial con el argumento falaz de que la tecnología es sinónimo de transparencia y agilidad. Hasta Bill Gates se manifestó en contra de su uso, cuando expresó que "para lo último que se debe utilizar informática es para las elecciones".
Por eso decimos que es falso argumentar que la incorporación de tecnologías al acto de votar es ineludible. Alemania, Australia, Dinamarca y Holanda integran una larga lista de países que alguna vez utilizaron sistema de voto electrónico y lo abandonaron volviendo al sistema de la boleta en papel. Las razones son muy sencillas: es técnicamente imposible construir un sistema que asegure al mismo tiempo la protección del secreto, la universalidad y la integridad de la voluntad del votante, que son los pilares de cualquier sistema electoral.
Así lo dice con enorme claridad el fallo del Supremo Tribunal Constitucional de Alemania, que se basa en un axioma que nosotros deberíamos considerar: la naturaleza pública de la elección requiere que todos los pasos del proceso electoral puedan ser controlados y verificados por el ciudadano de manera confiable y sin tener que contar con conocimientos técnicos especiales. Es decir, no debe existir impedimento técnico alguno para que todos los votantes puedan controlar los comicios.
La Ley Sáenz Peña de 1912 establece los principios básicos del sistema democrático argentino y sostiene que el voto debe ser secreto, universal y obligatorio. Nada dice respecto a que deba ser ágil. Tampoco hace referencia a que el ciudadano de a pie tenga que irse a dormir el día de la elección sabiendo el resultado. La reforma planteada satisface cuestiones que la ley Sáenz Peña ni siquiera sugiere y deja enormes ventanas de vulnerabilidad que lesionan principios básicos que nuestra norma electoral protege.
Creemos que este intento del oficialismo representa una disminución grave de la participación democrática. Por eso nos opusimos en Diputados y por eso daremos todos los debates que sean necesarios, ya que este proyecto representa un retroceso inadmisible en materia de derechos políticos esenciales.