Hay voces que denuncian una intención desesperada de fraude; sin embargo, la desesperación parece impulsada por asegurar un negocio en el cual ya se adelantaron inversiones, antes de contar con el acuerdo institucional necesario.

11-30-2016 | por

Pese a las demostraciones técnicas y a la existencia de alternativas viables, el gobierno insiste con el voto electrónico.

El 24 de noviembre, el bloque del FPV-PJ del Senado emitió un comunicado en el que anunciaba “la imposibilidad del apoyo” a la reforma política impulsada por el oficialismo y que tenía media sanción de la Cámara de Diputados. El principal obstáculo fue la imposición del voto electrónico, unánimemente cuestionado por los especialistas informáticos convocados tanto por el Senado como anteriormente por la Cámara baja.

Inmediatamente, el oficialismo inició una nueva embestida para reflotar la iniciativa.

El Ministro del Interior Rogelio Frigerio anunció al día siguiente que el voto electrónico se implementará: si no lo hace la Nación, lo harán las provincias por sí mismas.

A continuación, el Jefe de Gabinete Marcos Peña acusó a Cristina Fernández de ser “la única que no quiere que se cambie el sistema electoral”; con la misma contundencia con la que aseguró que el gobierno no se la pasa culpando a la gestión anterior, dictaminó que sólo el senador Fuentes es quien traba el tratamiento y que la mayoría de la población está de acuerdo con el cambio.

Al día siguiente, una de las espadas mediáticas del gobierno -Jorge Lanata- revirtió su posición y pasó a defender el voto electrónico, que él mismo ha bía puesto en tela de juicio un año atrás. Junto a Carrió, el ex periodista retomó las tesis según las cuales el voto electrónico es más moderno y más seguro (todos los expertos estarían equivocados), con otras versiones del argumento dominante: que las críticas al sistema propuesto por el gobierno provienen de los K.

Mientras tanto, varios gobernadores electos por el FPV salieron a respaldar el sistema mediado por computadoras: Bordet (Entre Ríos), Peppo (Chaco), Urtubey (Salta) y Bertone (Tierra del Fuego) expresaron argumentos similares a los que repitió el oficialismo durante todo el proceso de debate en las cámaras.

El gobernador cordobés Juan Schiaretti fue más allá con los deberes: el oficialismo provincial decidió impulsar la adopción de la Boleta Electrónica, pese a que allí ya utilizan la boleta única en papel, sistema que elimina los problemas que la versión mediada por computadoras dice resolver, sin incorporar las debilidades demostradas por los especialistas.
¿Por qué tanta insistencia?

El gobierno utiliza los recursos más variados para avanzar hacia la adopción del voto electrónico: desde la presión a los gobernadores hasta la descalificación sistemática de cualquier voz disidente, pasando por la inestimable ayuda mediática que refuerza sus argumentos.

Tanto esfuerzo parece corresponderse con el riesgo de que negocios que consideraban seguros se vean obstaculizados por los vaivenes electorales e institucionales.

En un artículo publicado hoy en el portal NuestrasVoces, de la periodista y dirigente de Nuevo Encuentro Gabriela Cerruti, se pone en la mira al Subsecretario de Innovación Raúl Martínez, quien fue uno de los enviados del gobierno ante el Senado para defender el voto electrónico.

Martínez se desempeña actualmente como Secretario de País Digital en el Ministerio de Modernización que conduce Andrés Ibarra; sin embargo, sus antecedentes están muy lejos de brindar confianza para una tarea tan delicada como la de definir el sistema por el cual los argentinos ejercerán su derecho a votar.

Cerruti recuerda que Martínez estuvo procesado por contrabando, en una causa que también comprometió a Franco y a Mauricio Macri. En aquel momento se comprobó que SEVEL -empresa del grupo familiar del actual presidente- vendía autopartes al exterior que luego volvían al país integrando autos completos que supuestamente eran importados por “particulares”, lo que permitía eludir los impuestos que correspondían por una operación a cargo de una empresa. En esa operatoria, Martinez estuvo a cargo de la falsificación de los certificados de importación.

En un artículo de La Nación, Carlos Pagni se pregunta si “¿es verdad que las máquinas ya se compraron y esperan en la Aduana?”.

Por otra parte, una publicación de Mariana Escalada y Agustín Ronconi en El Disenso muestra cómo el Ministro de Modernización Andrés Ibarra ya tenía listo los pliegos para la licitación de las máquinas y había avanzado en acuerdos con Corea del Sur para la compra de las mismas, pese a que el proyecto aún estaba en debate.

Es difícil entender tanto apuro por implementar un sistema fundadamente cuestionado, sin considerar en ningún momento alternativas que alcanzarían un mayor consenso con un poco de esfuerzo sincero.

Hay voces que denuncian una intención desesperada de fraude; sin embargo, la desesperación parece impulsada por asegurar un negocio en el cual ya se adelantaron inversiones, antes de contar con el acuerdo institucional necesario.

Vídeo: cambio de postura de Lanata, publicado por Javier Smaldone (@mis2centavos)